CONOCE EL CASO JURIDICO SOBRE DERECHO DE VIDEOJUEGOS QUE HA ENFRENTADO A BROWN V CONTRA ENTERTAINMENT MERCHANTS ASOCIATION.
La jurisprudencia en la industria de los videojuegos es abundante, razón por la cual, en el presente artículo se profundizará en el caso Brown V. Entertainment Merchants Associación. A continuación, se desarrollará la Sentencia, de la cual se tendrá acceso a la misma a la finalización de esta publicación.
BROWN V. ENTERTAINMENT MERCHANTS ASSOCIATION: EL CASO
En el caso Brown v. Entertainment Merchants Association, 564 U.S. 768 (2011), el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó que una ley de California que prohibía la venta o el alquiler de videojuegos violentos a menores violaba la Primera Enmienda. La ley había ampliado el concepto de obscenidad, reservado a los materiales sexuales, a los materiales violentos.
Las empresas de videojuegos impugnaron la ley que ampliaba la clasificación de obscenidad a los materiales violentos Un grupo de empresas de videojuegos y software impugnó la ley ante un tribunal federal. El tribunal federal de distrito prohibió la aplicación de la ley por considerar que violaba la Primera Enmienda. El Tribunal de Apelación del 9º Circuito de EE.UU. lo confirmó.
Desde hace décadas, los títulos del gaming han incorporado aspectos violentos en la mecánica de los videojuegos, como puede ser el asesinato de los enemigos. A medida que ha avanzado la sociedad, y con ello la tecnología, la violencia ha pasado de ser arcaica a tener un gran contenido real, lo que ha significado que se genere una gran preocupación por el hecho de que los menores se vean influenciados por la violencia, la cual de una u otra forma la apliquen en la vida real. Para ello, se han desarrollado distintos estudios que ponen de manifiesto la relación entre los videojuegos violentos y el comportamiento de los menores de edad.
La preocupación ha ido en aumento como consecuencia de diversos incidentes como el de la masacre sucedida en el instituto Columbine en 1999. Antes y durante el caso Brown contra EMA, partidos como la Entertainment Software Association (ESA) intentaron anular leyes estatales similares que limitaban la venta de videojuegos violentos a menores en Michigan e Illinois. La ESA ganó estos casos, ya que las leyes fueron declaradas inconstitucionales y excesivamente restrictivas de la libertad de expresión. En el caso de Luisiana, también se intentó prohibir la venta de videojuegos violentos a menores.
Por tanto, la Entertainment Merchants y otros presentaron una demanda ante un tribunal federal contra el gobernador de California, Edmund G. Brown, Jr. y otros impugnando una ley estatal que prohibía la venta o el alquiler de videojuegos violentos a los menores, por considerar que violaba la Primera Enmienda. La ley se aplicaba a los juegos que permitían al jugador matar, mutilar, desmembrar o agredir sexualmente una imagen de un ser humano, lo que hacía que el juego careciera de valor literario, artístico, político o científico serio para los menores.
El distrito falló a favor de los demandantes y concluyó que el estatuto violaba la Primera Enmienda. Los demandantes apelaron y el tribunal de apelación confirmó la decisión. Si una ley estatal que pretende prohibir la venta de videojuegos violentos a los menores debe estar estrechamente adaptada para servir a un interés gubernamental legítimo.
El territorio de California no ofreció ninguna prueba significativa para relacionar los videojuegos violentos y los incidentes de daño a los menores. La única justificación aportada por el Estado es que los videojuegos violentos tienden a hacer más agresivos a algunos menores. Tal justificación es insuficiente en el contexto de la amplia regulación.
Además, la ley es defectuosa porque, aunque un menor no puede comprar un videojuego violento, el legislador estatal está perfectamente dispuesto a vender ese juego a un padre para que se lo dé al niño. Esta no es la estrecha adaptación que requiere la restricción de los derechos de la Primera Enmienda. La legislación de California está a caballo entre abordar un problema social grave y ayudar a los padres preocupados a controlar a sus hijos.
Como medio para proteger a los niños de las representaciones de la violencia, la ley es muy poco inclusiva, no sólo porque excluye las representaciones distintas de los videojuegos, sino también porque permite que los padres compren el juego. Y como medio para ayudar a los padres preocupados, la ley es gravemente excesivamente inclusiva porque restringe los derechos de la Primera Enmienda de los jóvenes cuyos padres y tutores piensan que los videojuegos violentos son un pasatiempo inofensivo.
LA LEY CALIFORNIANA
En 2005, se aprobó en California la normativa por la que se prohibía la venta de videojuegos violentos a menores de 18 años, exigiendo un etiquetado claro más allá de la aplicación del sistema de clasificación por edades, ESRB. En caso de incumplimiento, se impondría una multa la cual podría alcanzar la cifra de los 1.000 dólares por cada infracción cometida.
Para ello, se atendió a la definición de videojuego violento, lo que partió del test de Miller, esto es, una prueba basada en tres puntos que ya había sido utilizada con anterioridad por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos mediante la cual se establecía cuando algo violento podría no estar protegido por la Primera Enmienda.
La ley entró en vigor en 2006, y se convirtió en el segundo intento de restringir la venta de videojuegos a menores de edad cuando tuviese contenido como el de violencia. Para los que estaban a favor de la misma, existían motivos y estudios suficientes que garantizaban una conexión entre los videojuegos violentos y la conducta violenta de los menores de edad.
BROWN V. ENTERTAINMENT MERCHANTS ASSOCIATION: EL FALLO
Previa la publicación de la ley californiana, la ESA y la Asociación de Distribuidores de Software de Vídeo, también conocida en la actualidad como Asociación de Comerciantes de Entretenimiento, estaban preparando una demanda para anular tal normativa ya entendían que la definición de videojuego violento pudiese afectar a muchos títulos que la propia ESRB había considerado como apropiados para los más jóvenes, perjudicando a toda la industria de los videojuegos.
La demanda fue presentada y se consiguió bloquear preliminarmente la aplicación de la ley, siendo el juez Ronald M. Whyte el encargado de señalar que existían serias dudas sobre la capacidad de los estados para restringir los derechos de la Primera Enmienda relativos a la exposición de los menores de edad a los videojuegos violentos. El fallo final de tal demanda sostuvo que la Ley violaba la Primera Enmienda y que no había quedado suficientemente acreditado que los títulos del gaming fueran diferentes de los que aparecían en el resto de los medios de comunicación, sin que pudiese haber una relación plasmable entre los videojuegos violentos y el posterior comportamiento violento del menor de edad.
Por el aquél entonces, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, apeló la sentencia, declarando que quería proteger a los menores de los efectos de los videojuegos en donde apareciesen acciones ultraviolentas. El Tribunal de Apelación confirmó la decisión de Ronald M. Whyte. Tras examinar la constitucionalidad de la ley, se confirmó que tal normativa era una restricción de la expresión basada en un contenido presuntamente inválido.
Señaló que el requisito de etiquetado de la Ley es una expresión obligada inconstitucional en virtud de la Primera Enmienda porque no exige la divulgación de información puramente fáctica, sino que obliga a transmitir la opinión controvertida del Estado. El problema radicó en que la ley contaba con una cláusula de separabilidad mediante la cual se podía separar que la definición de videojuego violento, gramatical y funcionalmente, separándose del resto de las definiciones posibles, lo que hizo que el tribunal fallara en los términos anteriormente señalados.
Por otro lado, valoró el nivel de escrutinio necesario para que se pudiese aplicar la revisión de las prohibiciones de la ley. Según la parte demandada, consideraban que debía aplicarse el criterio de obscenidad variable, el cual ya se había aplicado previamente en el caso Ginsberg contra Nueva York.
Sin embargo, en este caso no se aplicó por ser un caso de violencia, lo que conllevó que resultara de aplicación el criterio del escrutinio estricto en donde las regulaciones que son presuntamente invalidadas, para terminar de ser invalidadas es necesario que concurran una serie de requisitos: debe existir un vínculo de interés gubernamental imperioso y, si sabe una alternativa menos perjudicial, que sea esa la que se imponga.
Como se señaló previamente, sería el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en apelación, quien también volvió a reiterar que la Ley de California violaba la Primera Enmienda mediante una votación de 7 a 2. El Juez Antonin Scalia rechazó el argumento del estado por el que se consideraba que los videojuegos violentos podían calificarse por obscenidad y ello por cuanto han reiterado que la excepción de obscenidad de la Primera Enmienda no cubre cualquier cosa que la legislatura considere chocante, sino sólo las representaciones de conducta sexual.
Adicionalmente considero que los menores de edad disfrutan de diferentes protecciones gracias a la Primera Enmienda y que existía una amplia literatura en donde se trataba la violencia. Por último, considero que la Ley no estaba adaptada porque hay un sistema de clasificación voluntario que informaba a los padres sobre los peligros de los videojuegos violentos. Si desea saber más acerca de la clasificación de videojuegos, pinche en los siguientes enlaces:
Frente a este juez, se encuentra Samuel Alito, el cual se unió a la opinión mostrada por el Tribunal Supremo, John Roberts, los cuales consideraron que la ley era problemática en tanto en cuanto no se hacía distinción alguna entre los menores de edad y los jóvenes. En el caso de Samuel Alito, se mostró abierto a la idea de que jugar a videojuegos violentos podría ser considerado como algo distinto al resto de la exposición de los menores de edad al contenido de violencia en los medios de comunicación.
La polémica estaba servida ya que Clarence Thomas disintió de lo anterior, por cuanto consideró que los Padres Fundadores no creían que la libertad de expresión incluyera el derecho de los menores de edad a acceder a la expresión. Por su parte, Stephen Breyer, también mantuvo una opinión disidente acercando su postura al caso Ginsberg contra Nueva York de 1968, en el que el Tribunal confirmó que una ley de Nueva York era perjudicial para los menores. Igualmente, su argumento se fundamentó en estudios en donde se había demostrado que las personas que juegan a videojuegos violentos mostraban más características de agresividad que otras.
BROWN V. ENTERTAINMENT MERCHANTS ASSOCIATION: SU REPERCUSIÓN
Sentada la decisión del tribunal, en 2011 se realizó una encuesta gracias a la Universidad Fairleigh Dickinson en donde más del 50% de los votantes estadounidenses estaban de acuerdo en que los estados debían tener derecho a regular por ellos mismos la venta de videojuegos que sean violentos con la finalidad de proteger a los menores, lo que también se llevaba a cabo con el tabaco, el alcohol y la pornografía.
El restante de la población, se mantuvo fiel al fallo de la sentencia en donde consideraban que eran los padres quienes debían decidir acerca de qué videojuegos eran los ideales para sus hijos, añadiendo que consideraban que los estados no tenían derecho a decidir sobre tal temática, al igual que tampoco decidían sobre literatura violenta.
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Derechos de autor y videojuegos 2.
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