EL DERECHO DE LOS VIDEOJUEGOS.

 

La esfera jurídica de los videojuegos, debido a su naturaleza multifacética que interseca diversos dominios legales, representa un campo retador y en constante evolución en lo que respecta al derecho de autor. Esta complejidad se refleja claramente en el contexto actual de protección jurídica de los videojuegos.

De acuerdo con el Convenio de Berna, específicamente en su artículo 2, se establece una base para la protección de videojuegos bajo el marco del derecho de autor. Sin embargo, esta protección abarca obras que frecuentemente son amalgamas de múltiples creaciones autorales. Un videojuego típico incluye:

• Elementos audiovisuales, como gráficos, secuencias de video y efectos sonoros.
• Software, que es esencial para la gestión técnica de los componentes audiovisuales y facilita la interacción del usuario con el juego.

 

Esta dualidad en su composición ha llevado a una falta de uniformidad en la clasificación legal de los videojuegos. Algunos países los consideran principalmente como programas de software debido a su dependencia crucial del código informático. Otros, dada su complejidad, optan por una clasificación más distributiva, considerando tanto los aspectos audiovisuales como de software. Un número menor de jurisdicciones los clasifica primordialmente como obras audiovisuales.

 

La evolución acelerada del mercado de videojuegos ha incrementado esta complejidad. Actualmente, una amplia gama de especialistas contribuyen al desarrollo de videojuegos, y su elegibilidad para derechos de autor varía según su aporte a la obra y las leyes específicas de cada país.

Ante este escenario, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha intensificado sus investigaciones y actividades de sensibilización. Un destacado ejemplo es el estudio titulado «The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches», elaborado por Andy Ramos, Anxo Rodriguez, Tim Meng, Stan Abrams y Laura Lopez. Este estudio realiza un análisis detallado de la legislación de derecho de autor relacionada con videojuegos en diversas jurisdicciones, incluyendo Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, India, Italia, Japón, Kenya, Corea del Sur, Rusia, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Suecia y Uruguay.

Los autores del estudio examinan cómo cada país aborda la protección de videojuegos, analizando las posiciones de los stakeholders clave en la cadena de valor y derechos, como autores, editores y productores. Además, discuten los regímenes aplicables a la transferencia de derechos entre estas partes y proponen una clasificación provisional de estas obras complejas.

En sus conclusiones, destacan la necesidad de mayor claridad y armonización en la situación legal de los videojuegos, enfatizando la importancia de fomentar un debate internacional con la participación activa de todos los actores relevantes. Este diálogo es fundamental para abordar los desafíos inherentes a este sector y facilitar soluciones efectivas a los complejos problemas legales que presenta.

 

DERECHO DE LOS VIDEOJUEGOS EN ESPAÑA.

 

La legislación española aborda los videojuegos principalmente desde la perspectiva de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Los videojuegos se consideran obras complejas que integran elementos audiovisuales y software, lo cual plantea desafíos únicos en términos de autoría y derechos. En España, los derechos de los creadores, desarrolladores y otros participantes en la producción de videojuegos están protegidos bajo leyes específicas de propiedad intelectual. Esto incluye la regulación de la autoría, la cesión de derechos y la protección de los diferentes componentes que conforman un videojuego.

En España, los derechos de autor se extienden a todos los aspectos creativos de un videojuego, incluyendo su música, gráficos y narrativa. La ley también aborda la distribución de derechos entre autores, desarrolladores y otros participantes, asegurando que sus contribuciones sean reconocidas y protegidas legalmente. Además, se destacan los desafíos relacionados con la clasificación y protección de los videojuegos debido a su naturaleza híbrida. Esta aproximación legal refleja un esfuerzo por equilibrar la protección de los derechos creativos con las demandas de una industria tecnológicamente avanzada y en rápida evolución.

La legislación española, regulada principalmente por el Real Decreto Legislativo 1/1996, trata los videojuegos como obras protegidas por derechos de autor, aunque no los clasifica explícitamente. Los videojuegos se consideran obras artísticas originales compuestas de elementos múltiples como gráficos, música, y software. Hay debate sobre si deben ser considerados como obras multimedia o audiovisuales. En la práctica judicial, los videojuegos se han tratado principalmente como software. Los derechos de autor y la transferencia de estos derechos entre autores, colaboradores y empresas son aspectos clave regulados en detalle por la ley española.

 

En la legislación española, la clasificación de los videojuegos permanece sin una respuesta definitiva. La jurisprudencia española no ha abordado específicamente su clasificación, aunque en casos criminales se los ha considerado software. Respecto a los derechos de autor, estos se atribuyen a las personas naturales que crean una obra, pero las entidades legales pueden adquirir casi todos los derechos de explotación. Los videojuegos, al involucrar múltiples autores, pueden considerarse obras de autoría conjunta o colectivas, dependiendo de cómo se desarrollan y se administran los derechos.

La ley española es detallada en la transferencia de derechos, recomendando acuerdos claros en la industria de videojuegos. En resumen, España no tiene un marco legal específico para videojuegos, y existe escepticismo sobre la aplicabilidad del régimen de obras audiovisuales a este tipo de obras.

La Ley de Propiedad Intelectual de España, enfocada en la protección de los autores, establece en su Artículo 46 que estos tienen derecho a una parte proporcional de los ingresos generados por su obra. Esta ley reconoce la dificultad de calcular esta cantidad en ciertos casos y permite un pago único en lugar de regalías cuando el cálculo de los ingresos es complejo o cuando la contribución del autor no es un elemento esencial de la creación intelectual en la que se incluye su obra. Estas disposiciones son especialmente relevantes en la industria de los videojuegos, donde a menudo es difícil calcular las regalías o determinar la contribución esencial de un autor individual.

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